La industria del delito

Por Mario Bunge
Para La Nación
 

MONTREAL.- Viven del delito no sólo los rateros, asaltantes, estafadores, falsificadores, extorsionistas, fulleros, coimeros, narcotraficantes, contrabandistas, alcahuetes, pederastas, tratantes de niños y de blancas, estupradores, curanderos, brujos, adivinos, vendedores de aceite de culebra, terroristas y asesinos profesionales, incluidos los matones. (En realidad tendría que agregar a los asesinos al por mayor, en particular conquistadores, genocidas y dictadores. No los incluyo porque suelen actuar dentro de la ley, sobre todo cuando son ellos mismos quienes la escriben.) También viven del delito policías, delatores, detectives, abogados, procuradores (“coyotes”, en mexicano), jueces, empleados de tribunales, guardiacárceles, torturadores, verdugos, constructores y proveedores de cárceles, y políticos que exageran el peligro de la delincuencia para conseguir votos. Incluso los autores, editores e impresores de novelas policiales la pasarían mal si no hubiera delincuentes profesionales, ya que la gente común sólo roba para comer y sólo mata por error o por pasión, nada de lo cual ocurre con frecuencia.

Quien crea que bromeo debería preguntarse qué sería de un penalista, guardiacárcel o proveedor de establecimientos penales si no hubiera delincuentes profesionales. ¿Y de qué viviría un comisario de policía de un distrito lleno de drogadictos si el consumo de drogas, a diferencia de su tráfico, se despenalizara?

El volumen de la industria del delito depende no sólo de la cuantía de hechos delictuosos. También depende del rigor de las leyes y de que las cárceles sean usadas como establecimientos de castigo (y academias de delincuencia) o de rehabilitación.

 

Desocupación disfrazada

Por ejemplo, en los Estados Unidos se da la paradoja de que en el curso del último lustro la población carcelaria se cuadruplicó, al mismo tiempo que disminuyó notablemente la delincuencia. En efecto, la población norteamericana encarcelada pasa hoy de los dos millones de personas, o sea, el 8 por ciento de la población. Al mismo tiempo, la tasa de delincuencia ha disminuido notablemente. Esta disminución se debe en gran medida al decrecimiento de la desocupación, concomitante con la prosperidad del último decenio.

Esta disparidad entre delincuencia y encarcelamiento tiene motivos puramente ideológicos. Por ejemplo, Rudolf Giuliani, el alcalde de Nueva York, fue elegido y conservó su popularidad durante años debido a que aumentó enormemente el número de policías y favoreció el endurecimiento de la legislación penal. Irónicamente, muchos de los nuevos policías engrosaron las filas de los delincuentes, al solicitar coimas de taxistas y comerciantes. (¿Recuerdan la película satírica Ripou , con Philippe Noiret?) Economistas europeos han estimado que, si la población carcelaria de los Estados Unidos se sumara a los individuos en libertad condicional (y por lo tanto inempleables), así como a quienes viven legalmente de la delincuencia, la tasa norteamericana de desocupación se triplicaría y alcanzaría a la europea. O sea que el rigor penal habría servido sin quererlo para disfrazar la desocupación.

El costo de cada nuevo establecimiento correccional y de cada ejecución (estimado éste en un millón de dólares), se computa en el producto bruto interno. Lo mismo ocurre con el costo del mantenimiento de un preso, que se estima en unos 30.000 dólares anuales. Todo esto da un total de 70.000 millones de dólares por año, que es casi el 5 por ciento del producto bruto interno norteamericano.

¿Qué sucedería si se modificaran los sistemas penal y carcelario a semejanza de los escandinavos y holandeses? Seguramente disminuiría la población carcelaria, aunque sólo fuera porque bajaría notablemente el porcentaje de reincidencias. En efecto, es sabido que la cárcel clásica es una academia de delincuentes. (Yo lo comprobé durante mi estancia en la cárcel central de La Plata. Allí vi cómo ladrones y estafadores avezados instruían a los bisoños e incluso planeaban operaciones para cuando los soltaran.) En cambio, la cárcel moderna, en particular la sueca y la holandesa, es una escuela en la que el delincuente aprende o perfecciona un oficio útil, de modo que no suele reincidir.

No se invoque la hipótesis del criminal nato, propuesta a fines del siglo XIX por los criminalistas italianos Lombroso y Ferri, que visitaron a Buenos Aires, donde fueron agasajados y nombrados socios honorarios de la Sociedad Científica Argentina. Ambos creían que un examen facial permitía diagnosticar la personalidad criminal. Naturalmente, esta hipótesis es falsa y está desacreditada.

 

Causas de la delictuosidad

La criminalidad es un hecho social, no puramente biológico. Tampoco se la puede explicar en términos puramente psicológicos, ya que, en una sociedad bien constituida, el hogar y la escuela enseñan a controlar los impulsos antisociales. En cuanto a las explicaciones míticas (maldición divina, complejo de Edipo y similares), son puras fantasías que no ayudan a prevenir el delito.

Es cierto es que hay unos cincuenta asesinos por cada asesina. Esto lo explica en parte el exceso de testosterona. Pero también lo explica en parte el rol preponderante de los hombres en todos los sectores de la vida social en las sociedades patriarcales: el que manda tiene más oportunidades de abusar de su poder físico o social que el de abajo. Además, la testosterona no explica por qué la tasa de asesinatos en los Estados Unidos o Venezuela es muy superior a la de Canadá y Suecia, pese a que no va acompañada por una virilidad extra.

¿Qué enseña todo esto? Que la criminología debería ser una sociotécnica con fines primordialmente preventivos y rehabilitatorios, en lugar de ser exclusivamente una técnica de control social en manos de jueces, policías y carceleros, ninguno de los cuales está capacitado para pronosticar ni para corregir eficazmente la conducta delictiva.

O sea, para disminuir la delictuosidad y rehabilitar al delincuente hay que empezar por averiguar las causas de la delictuosidad y las maneras de manipular esas causas. Sólo así se podrán disminuir apreciablemente sus efectos. Pero, ¿quién apoyaría semejantes estudios y deliberaciones? ¿Los que viven del delito propio o ajeno? ¡No seamos ingenuos!

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